Señor Presidente Municipal: Si desea alinearse con la política de vivienda del actual gobierno, actualice su programa de desarrollo urbano.

Estas directrices se han hecho públicas en varios medios de comunicación y no son novedad para quienes conocen del tema: contener el crecimiento de las machas urbanas, aprovechar los espacios vacantes al interior de las ciudades, que ya se encuentran equipados con todos los servicios urbanos básicos y equipamiento de educación, salud, abasto, etc.; incrementar las densidades, y finalmente, reorientar la política crediticia de los organismos nacionales de vivienda (básicamente el INFONAVIT y el FOVISSSSTE), con objeto de disminuir la colocación de créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda nueva (casi siempre periférica) y dar mayor prioridad a créditos para ampliación y remodelación.

Una revisión somera de la literatura reciente sobre el impacto de la política habitacional en México da cuenta de una contradicción sorprendente: por un lado, una construcción masiva de vivienda en las periferias lejanas de las ciudades, y por otro lado, una disponibilidad suficiente de suelo intraurbano vacante para alojar la demanda de vivienda social. En efecto, de acuerdo con estimaciones de la SEDESOL, si en los últimos 30 años, la población urbana se duplicó, el área urbana de las ciudades se multiplicó por diez; lo anterior a pesar de existir más de 493 mil hectáreas de suelo vacante intraurbano o en la primer periferia, susceptibles de satisfacer la demanda de vivienda social.

Esta contradicción se explica porque las reglas del juego lo permitían y estas reglas eran simples: suelo intraurbano caro y con dueño, ausencia (o falta de aplicación) de instrumentos que incentivaran la edificación de lotes baldíos intraurbanos, una oferta masiva de vivienda social periférica creada por desarrolladores y el respaldo de los organismos nacionales de vivienda cuyos créditos al trabajador garantizaban una demanda solvente.

Con la creación de la SEDATU y la sectorización de la CONAVI a ésta, se apunta hacia un cambio en estas reglas del juego. Los anuncios de las autoridades federales en el sentido de disminuir los créditos para la adquisición de vivienda nueva y la priorización de créditos para la remodelación, rehabilitación y ampliación, suponen un mejoramiento del parque habitacional existente, más que su ampliación. Sin embargo, estas reglas del juego deben ir acompañadas de instrumentos de planeación urbana ad hoc que consideren los espacios vacantes como potencialmente desarrollables para vivienda social. Implicará muy probablemente modificar las densidades e intensidades de uso al alza y la movilización de instrumentos que regulen la oferta del suelo para garantizar su disponibilidad, asunto en el que México se ha quedado muy rezagado en comparación con países como Brasil o Colombia. Será necesario asimismo, revisar las leyes y reglamentos de construcción y fraccionamientos, en síntesis, implicará una revisión y modificación a muchos Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población. Espero que esta modificación sea para ajustar la construcción de vivienda a las nuevas reglas del juego anunciadas por el Gobierno Federal, y no para ajustarse a la reserva territorial adquirida por desarrolladores; situación cuya ineficiencia económica, social y ambiental, ha quedado demostrada.